Nacionalización, intervención… O ni una cosa ni la otra… El futuro de la petrolera Repsol-YPF pende del discurso que está pronunciando en estos momentos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como inicio del año legislativo en el Congreso argentino. La intervención de la mandataria ha comenzado con una larga ovación Baltasar Garzón, presente como invitado en el hemiciclo. Tampoco han faltado las referencias a la situación económica de España. "En España prácticamente se invita a los empresarios a rentabilizar sus empresas con el sacrificio de los empleados", ha señalado en relación a las políticas de ajuste y recortes que atraviesa Europa.

En los últimos días se había especulado con la posibilidad de que el Gobierno comprara Repsol-YPF. A raíz de los avisos verbales que Fernández, sus ministros y los gobernadores provinciales habían emprendido en el último mes contra la filial argentina de Repsol, la compañía se ha descapitalizado un 40%. Ante los rumores de una posible nacionalización, Repsol-YPF sufrió un descenso del 15%, su punto más bajo en los últimos 32 meses. Hoy, el diario económico Ámbito señala que dado que el valor bursátil de Repsol-YPF ya solo sería de “10.000 millones de dólares” el Gobierno ya dispone de los “5.000 millones para obtener el 51% de las acciones de la compañía”.

El Gobierno del presidente Mariano Rajoy se ha volcado en respaldar a la compañía española y le ha comunicado al Ejecutivo argentino que, para España sería tan grave una nacionalización de Repsol-YPF como su intervención. Entre las acciones emprendidas por la Administración de Rajoy resultó clave el viaje relámpago que efectuó el ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria, junto a dos secretarios de Estado desde Madrid a Buenos Aires en la madrugada del lunes. El objetivo era reunirse con el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, según informaron fuentes radicadas en Buenos Aires. Tras su estancia de doce horas en la capital, Soria regresó a Madrid con la tranquilidad de que se crearían dos grupos técnicos de trabajo —uno en Argentina y otro en España—para resolver los desencuentros entre la petrolera y el Gobierno de Cristina Fernández. De momento, parecía haberse frenado el golpe de un anunció drástico en el discurso de hoy.

Sin embargo, fuentes empresariales se muestran recelosas sobre el cariz que pueda tomar el discurso de la presidenta. “En realidad, nadie en el Gobierno excepto ella sabe cuál será la decisión final. La nacionalización nos resulta la más improbable. Pero es posible que anuncien unas medidas aparentemente suaves y cuyos efectos sigan siendo demoledores. Porque a cada declaración por parte del Gobierno argentino contra Repsol inmediatamente le han seguido una repercusión negativa en bolsa para la empresa”.

El Gobierno argentino acusa a Repsol de repartir fuera del país sus beneficios y de no invertir lo suficiente para aumentar la producción. La empresa se ha defendido aportando sus cifras (1.026 millones de euros invertidos en 2009; 1.644 millones en el ejercicio siguiente y 2.414 el año pasado), pero la difusión de esos datos solo han logrado enconar aún más la relación con el Gobierno de Fernández.

En la entrevista del ministro español de Energía con el titular argentino de Planificación, Julio de Vido, José Manuel Soria le comunicó que, para España, Repsol es la inversión industrial más importante en Argentina, según indicaron las citadas fuentes. Soria se marchó con la convicción de que, en principio, en el discurso de hoy no se anunciaría contra Repsol ninguna medida contraproducente.

Otras fuentes indicaron, además, que el Rey de España llamó esta semana a la presidenta argentina para mediar por los intereses de la industria energética española. Por su parte, el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, quien había viajado el mismo día a Buenos Aires para seguir de cerca los acontecimientos, decidió prorrogar su estancia en la capital. Con este último suman tres los viajes que en menos de un mes ha efectuado Brufau a Buenos Aires con el fin de solventar la crisis.

El jueves pasado, en el consejo de Administración que Repsol-YPF celebró en su sede de Buenos Aires, Brufau comunicó a sus directivos que la empresa venía siendo objeto de “críticas injustas" y de "amenazas de sanciones o restricciones con dudoso fundamento legal". Ese día Brufau se encontró con la sorpresa de que el secretario de Estado que regula la Energía, Daniel Cameron, y Axel Kicillof, secretario de Política Económica, se presentaron en la sede de la compañía junto a una notaria con la intención de asistir al consejo de Administración. Los directivos de Repsol les dijeron que los estatutos de la compañía prohibían el acceso de nadie ajeno al consejo. Y ayer, la Comisión Nacional de Valores declaró “irregulares e ineficaces” las decisiones tomadas durante el consejo de Administración de la empresa aquel día.

El Gobierno argentino estrena el año parlamentario con la tranquilidad que le otorga haber ganado las elecciones generales hace cuatro meses con una aplastante mayoría del 54%. Sin embargo, desde entonces se han producido situaciones en el país que pueden provocar un desgaste del Gobierno. La más reciente y evidente es la del accidente ferroviario de la semana pasada donde murieron 51 personas. Cristina Fernández de Kirchner sufrió numerosas críticas porque los empresarios de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires han gozado hasta ahora de excelentes relaciones con el Gobierno.

Además, el dirigente sindical de mayor influencia en el país, el peronista Hugo Moyano, mantiene un pulso con Fernández desde hace tres meses a causa de las negociaciones de los convenios salariales. El Gobierno pretende fijar un techo del 18%, dado que la inflación oficial no supera el 10%. Pero Moyano no cree en las cifras oficiales y dice que para él la única inflación válida es la del supermercado. En cuanto a las negociaciones de salario, Moyano pidió ayer una respuesta rápida a una carta con reclamaciones sindicales que hizo pública hace un mes y recibió la callada por respuesta: “No juguemos a las escondidas, que nos digan la verdad. Que no me den la respuesta a mí, que se la den a los compañeros”, declaró. “Y si no la quieren dar, que lo digan. No están ignorando a Moyano, están ignorando a los trabajadores. (…) Si hace falta, iremos a la lucha”

Otro de los grandes problemas que puede abordar la presidenta en este discurso parlamentario al que asiste como invitado el juez Baltasar Garzón es el de las islas Malvinas. Conforme se acerca el 2 de abril, cuando se cumplen los 30 años del inicio de la guerra, las tensiones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido van en aumento. El último  capítulo se declaró esta semana cuando Buenos Aires pidió a 20 grandes empresas que sustituyeran sus importaciones de productos británicos por otras provenientes de diferentes países. El primer ministro de Reino Unido declaró ayer que esa decisión “no va en favor de los intereses económicos argentinos”.

Además, de Repsol-YPF, el accidente ferroviario con 51 muertos, las negociaciones sindicales y las Malvinas, el Ejecutivo de Fernández se encontró ayer con la desagradable sorpresa de que el conservador Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires suspendía el traspaso de la gestión del metro por parte del Gobierno nacional al de la ciudad. El anuncio lo efectuó ayer después de que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, comunicara que retiraba del metro a los agentes de la policía federal. El sindicato Unión Tranviarios Automotor convocó un día de huelga porque se negaban a trabajar sin medidas de seguridad y la ciudad amaneció sin servicio de metro.

Metro, trenes, Malvinas, convenios salariales y Repsol-YPF… Esos son los problemas más acuciantes que se encuentra Fernández en el día en que se inaugura el año parlamentario. “Pero detrás de todos ellos”, indica una fuente próxima a Repsol, “subyace la misma causa: el verdadero estado de la economía argentina, que muestra señales muy preocupantes, a pesar de lo que reflejan las cifras oficiales”.

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